Buenos Aires extiende la emergencia agropecuaria por inundaciones hasta febrero
La provincia de Buenos Aires enfrenta un panorama crítico debido a las recientes inundaciones que afectan amplias zonas productivas. Frente a esta situación, el Ministerio de Economía oficializó la prórroga de la emergencia agropecuaria, que se extenderá hasta febrero de 2026, según lo publicado en el Boletín Oficial. La medida busca brindar respaldo a los productores afectados y permitir la implementación de beneficios fiscales y financieros que alivien la situación.
Superficie afectada y áreas involucradas
Según el informe de noviembre de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), más de 5.800.000 hectáreas de la provincia están comprometidas por el exceso hídrico. Esta cifra evidencia la magnitud de la crisis, que amenaza con afectar la producción agrícola y ganadera, y, en consecuencia, la economía regional.
La Resolución 1974/2025 establece que desde el 1 de septiembre hasta el 28 de febrero de 2026 se declara la emergencia agropecuaria para explotaciones afectadas por inundación en diversas circunscripciones de los partidos de 25 de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar. La medida alcanza tanto a predios agrícolas como a ganaderos, considerando la repercusión en la producción y la infraestructura rural.
Impacto económico y riesgo de pérdidas
Carbap advirtió que más de 1.500.000 hectáreas presentan un riesgo muy alto de quedar improductivas en esta campaña. “Si esa superficie se sembrara bajo una proporción 60% soja y 40% maíz, estaríamos hablando de alrededor de 2.000 millones de dólares que podrían dejar de ingresar al sistema económico en 2026”, señalaron desde la entidad.
La prórroga de la emergencia agropecuaria permite a los productores acceder a beneficios impositivos, como diferimientos en el pago de impuestos y líneas de crédito especiales, que buscan mitigar las consecuencias de la crisis hídrica mientras se normaliza la actividad productiva.
Decisión basada en análisis técnico
La extensión de la emergencia agropecuaria se definió luego de la reunión del 20 de noviembre de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, en la que se evaluó la situación provincial y se recomendó mantener la declaración de emergencia. En casos de mayor afectación, se considera la declaración de desastre agropecuario.
Este procedimiento garantiza un marco legal y financiero que permita a los productores sostener sus operaciones y minimizar pérdidas, evitando un impacto aún mayor en la producción y en la economía regional.
Requisitos para productores afectados
Los productores que resulten perjudicados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad provincial, que acredite que sus explotaciones están inundadas o afectadas por el exceso de agua. Este documento es indispensable para acceder a los beneficios de la emergencia agropecuaria, que incluyen exenciones fiscales, prórrogas de vencimientos y programas de asistencia financiera.
La emergencia agropecuaria también busca organizar la asistencia estatal, priorizando a los productores más afectados y asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Monitoreo y seguimiento continuo
Especialistas del sector alertan que la emergencia agropecuaria es un alivio temporal, pero no resuelve los problemas estructurales, ya que la acumulación de agua sigue afectando siembra, cosecha y transporte de granos. La combinación de lluvias persistentes y falta de infraestructura adecuada podría prolongar los impactos negativos en los primeros meses de 2026, por lo que será fundamental la coordinación entre productores y autoridades.
En este contexto, la extensión de la emergencia se presenta como una herramienta clave para reducir pérdidas económicas, proteger a los productores y mantener la continuidad de la campaña agrícola. La medida busca, además, asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, minimizando el riesgo de interrupciones en la producción y en la cadena de valor agroindustrial. La coordinación con organismos provinciales y nacionales permitirá monitorear las hectáreas más afectadas y ajustar la asistencia de acuerdo con la evolución de la situación hídrica.
