Biodiésel: pymes denuncian incumplimiento de la ley y piden intervención de Caputo
La industria del biodiésel argentino atraviesa su momento más crítico en dos décadas. Las tres cámaras que agrupan a las pymes productoras de biodiésel para el corte obligatorio con gasoil —CEPREB, Casfer y Capba— enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, denunciando el incumplimiento sistemático de la Ley 27.640 por parte de la Secretaría de Energía y advirtiendo sobre el riesgo de paralización total del sector.
Según el documento, la autoridad energética lleva 16 meses fijando precios por debajo de la fórmula legal, provocando que las plantas operen a pérdida y generando un perjuicio acumulado superior a 53 millones de dólares. “El precio publicado continúa —por decimosexto mes consecutivo— sin ajustarse a derecho”, afirmaron los dirigentes del sector, señalando que esta situación condena al quebranto a todas las empresas involucradas.
Rentabilidad negativa y violación de la ley
La Ley 27.640 establece que el precio del biodiésel debe calcularse mediante una fórmula que contemple los costos reales de producción —aceite de soja, metanol, mano de obra y otros insumos— y garantice una rentabilidad del 3%.
Sin embargo, según las cámaras, la Secretaría de Energía ha fijado precios por debajo de estos valores. En octubre, el costo real de producción del biodiésel asciende a $1.621.868 por tonelada, mientras que el último precio oficial publicado fue de $1.508.754, más de $113.000 por debajo del valor legal.
“Las empresas fueron forzadas a operar con rentabilidad negativa, asumiendo como pérdida un monto superior a la ganancia prevista por la norma”, advirtieron los representantes, agregando que, a diferencia de otros sectores energéticos como el gas o la electricidad, estas diferencias no se reconocen como deuda estatal, sino que recaen directamente sobre las compañías.
Un ahorro ínfimo a costa de la industria
El análisis técnico presentado por las cámaras detalla que ajustar el precio conforme a la ley implicaría un aumento de apenas 7 pesos por litro en el gasoil, equivalente a un 0,4% en surtidor. Según los dirigentes Federico Martelli (CEPREB), Marcelo Kusznierz (Casfer) y Axel Boerr (Capba), “el perjuicio acumulado de 53 millones de dólares generó un ahorro de sólo 5,3 pesos por litro de gasoil. No hay explicación lógica para este accionar, salvo impericia o voluntad de dañar a la industria”.
El efecto ya es tangible: todas las plantas de biodiésel para corte obligatorio han cesado su actividad. Esta situación pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos, afecta a la cadena sojera, la sustitución de importaciones y la transición energética del país.
Impacto económico, ambiental y productivo
El biodiésel argentino, producido mayoritariamente con aceite de soja, representa un aporte clave para el ahorro de divisas y la reducción de emisiones contaminantes. La parálisis del sector, advierten las cámaras, contradice los objetivos ambientales y productivos que el Gobierno promueve oficialmente.
“Además de cumplir con la ley, la reactivación del biodiésel permitiría reactivar una industria nacional que agrega valor, protege el ambiente y genera empleo federal”, remarcan los representantes.
Pedido de intervención al ministro Caputo
Ante esta situación, las cámaras solicitaron al ministro de Economía Luis Caputo su intervención directa, para exigir a la Secretaría de Energía la publicación del precio conforme a la Resolución 963/2023, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 27.640.
“El impacto en surtidor no supera los 6 pesos por litro y la medida garantiza la continuidad de una industria estratégica para la economía y el medio ambiente”, concluye la carta, firmada por los dirigentes de CEPREB, Casfer y Capba.
Con esta denuncia, las pymes buscan no solo restablecer la legalidad, sino también salvar un sector clave para la matriz energética nacional y para la industria sojera argentina, que desde hace años depende de la producción de biodiésel para su desarrollo sostenible.
