Asistencia de más de 1.000 millones de pesos para mitigar el impacto de las inundaciones
El Gobierno nacional dispuso una asistencia económica superior a los 1.000 millones de pesos destinada a municipios de la provincia de Buenos Aires que sufrieron graves consecuencias por emergencias agropecuarias como las inundaciones. La medida apunta a acompañar a los productores afectados y a sostener la recuperación de las economías locales golpeadas por eventos climáticos extremos.
La transferencia se concretó mediante Aportes No Reintegrables (ANR), una herramienta clave para atender situaciones excepcionales en el sector agropecuario. El financiamiento busca aliviar las pérdidas productivas, sostener el empleo rural y garantizar la continuidad de la actividad en zonas donde las inundaciones y excesos hídricos generaron importantes daños.
Fondos nacionales para enfrentar la emergencia
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía oficializó la asignación de 1.046 millones de pesos a través de la Resolución 250/2025. Estos recursos fueron destinados específicamente a municipios bonaerenses que se encuentran bajo declaraciones de emergencia y desastre agropecuario producto de las inundaciones.
Desde el área nacional explicaron que los Aportes No Reintegrables permiten una respuesta rápida y directa a la problemática de las inundaciones en las zonas que permanecen afectadas de manera sensible, ya que no implican devolución por parte de los beneficiarios. De este modo, los fondos pueden ser utilizados por los gobiernos locales para implementar acciones urgentes, como asistencia a productores, mejoras en infraestructura rural y tareas de recuperación productiva.
Municipios alcanzados por la asistencia
Los distritos beneficiados por la transferencia son Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y 9 de Julio. Estas localidades fueron afectadas por contingencias climáticas adversas, principalmente inundaciones persistentes, que impactaron de lleno en la producción agropecuaria a lo largo de todo el 2025.
En muchos de estos municipios, las pérdidas incluyeron cultivos anegados, dificultades para el traslado de hacienda y deterioro de caminos rurales, lo que agravó la situación económica de los productores. La asistencia nacional se presenta así como un respaldo fundamental para sostener la actividad y evitar un mayor deterioro del entramado productivo local. Además de comunidades rurales que quedaron completamente desconectadas y en muchos casos sin acceso.
Un marco legal para la prevención y la recuperación
Las acciones se enmarcan en la Ley Nacional N.º 26.509, que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Esta normativa establece los mecanismos de articulación entre Nación, provincias y municipios para dar respuestas coordinadas ante eventos climáticos extremos como los sufridos en la provincia de Buenos Aires este año.
En este contexto, los recursos se canalizan a través del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA). Este fondo tiene como objetivo financiar medidas de asistencia inmediata y planes de recuperación productiva, permitiendo que los productores puedan recomponer su capacidad de trabajo una vez superada la situación de emergencia.
Impacto económico y acompañamiento a los productores
Desde la cartera agropecuaria nacional señalaron que los aportes están orientados a fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a situaciones críticas como las inundaciones. Al mismo tiempo, buscan acompañar a los productores afectados, muchos de los cuales enfrentan serias dificultades financieras tras los daños sufridos.
Además del impacto productivo, los eventos climáticos generan consecuencias sociales significativas, especialmente en regiones donde el agro es el principal motor económico. En ese sentido, la asistencia nacional apunta a mitigar estos efectos, sostener el empleo rural y contribuir a la estabilidad de las comunidades afectadas por las inundaciones.
Con esta transferencia, el Gobierno reafirma su compromiso de acompañar al sector agropecuario frente a emergencias climáticas, reconociendo la importancia estratégica del campo para el desarrollo económico y social del país.
