El agro europeo endurece su postura contra el acuerdo UE-Mercosur y desconfía de las promesas de Bruselas
El rechazo del sector agrario europeo al acuerdo comercial UE-Mercosur vuelve a ganar fuerza, incluso después del anuncio de un presunto adelanto de 45.000 millones de euros de la Política Agraria Común (PAC) para el período 2028-2034. Organizaciones de productores, especialmente en España, consideran que la propuesta de la Comisión Europea no despeja las dudas de fondo y advierten que el tratado pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones.
La controversia se reavivó tras las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizadas en la antesala de una reunión clave de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Lejos de calmar los ánimos, el anuncio fue recibido con escepticismo y malestar por parte del campo europeo, que exige definiciones concretas y garantías reales antes de avanzar en cualquier acuerdo con los países del Mercosur.
Fondos anunciados bajo sospecha y reclamo de transparencia
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cuestionaron duramente el anuncio de Bruselas y reclamaron “claridad, honestidad y transparencia” sobre el origen y las condiciones de los fondos prometidos. Según la entidad, no está claro si se trata de recursos adicionales, de un simple adelanto presupuestario o de una redistribución interna de partidas ya existentes.
El principal reproche apunta a la falta de información concreta en un contexto crítico para el sector. “Los agricultores y ganaderos no necesitan titulares grandilocuentes, sino compromisos verificables sobre el futuro de la PAC”, señalaron desde la organización, que calificó la situación como una “ceremonia de la confusión” impulsada desde la Comisión Europea.
El acuerdo UE-Mercosur como telón de fondo
El descontento del agro no se limita al plano presupuestario. Para COAG, el anuncio de los fondos tiene un claro trasfondo político: intentar desactivar las protestas de un sector que se siente amenazado por el avance del acuerdo comercial UE-Mercosur. La coincidencia temporal entre el anuncio y las negociaciones reforzó la desconfianza de los productores.
“El problema no se resuelve con dinero”, advirtió el secretario general de COAG, Miguel Padilla, quien alertó que la competencia desleal de importaciones sin controles suficientes podría expulsar del mercado a miles de agricultores y ganaderos europeos. A su entender, las ayudas económicas no compensan el impacto estructural que tendría la liberalización del comercio agroalimentario.
Desigualdad de reglas y riesgo para el modelo europeo
Uno de los puntos más sensibles para el sector es la diferencia de exigencias entre la producción europea y la de los países del Mercosur. Desde COAG sostienen que la entrada masiva de productos procedentes de regiones con estándares sanitarios, ambientales, laborales y de bienestar animal más laxos supone una amenaza directa al modelo productivo de la UE.
Incluso con transferencias millonarias, aseguran, el daño del acuerdo UE-Mercosur sería difícil de revertir. La agricultura europea, basada en la sostenibilidad, la calidad y la seguridad alimentaria, quedaría en desventaja frente a productos más baratos que no cumplen con las mismas normas, erosionando el tejido rural y el arraigo territorial.
Críticas al enfoque económico de Bruselas
Padilla fue especialmente crítico con la lógica del acuerdo UE-Mercosur y con la estrategia de la Comisión Europea. “No se puede cambiar vacas por coches y llamarlo progreso”, afirmó, al considerar que el sector primario europeo se está utilizando como moneda de cambio para favorecer a grandes industrias exportadoras.
Según la organización, el tratado responde a un “intercambio de cromos” que beneficia a multinacionales y sectores industriales, mientras sacrifica a los productores locales. Esta visión refuerza la percepción de que el campo europeo paga el costo de una política comercial ajena a su realidad.
Llamado a frenar definitivamente el acuerdo UE-Mercosur
Ante este escenario, COAG reiteró su oposición firme y absoluta al acuerdo UE-Mercosur y reclamó a los gobiernos de los Estados miembros que bloqueen su aprobación. El llamado fue especialmente dirigido al Gobierno de España, al que instaron a defender los intereses de su agricultura y ganadería.
Para el sector, el debate ya no es solo económico, sino estratégico. En juego está el futuro del modelo agrario europeo y la supervivencia de miles de explotaciones que, advierten, no resistirían la presión de un mercado abierto en condiciones desiguales.
